La extorsión en el Perú: Un problema urgente

 

La extorsión en el Perú: Un problema urgente

En los últimos años, el número de crímenes ha aumentado de manera exorbitante esto debido a que nuestro país viene atravesando una de las crisis más alarmantes como el avance de la extorsión. Este delito, ha afectado principalmente a pequeños, negocios, bodegueros y  transportistas, ya que son quienes cuentan con menos mecanismos de defensa a comparación de las grandes empresas. Sin embargo, algo que ha llamado la atención es la inacción y despreocupación por parte del estado. Esta indiferencia refleja la corrupción y desconexión con la realidad en la que viven los ciudadanos. Mientras el congreso se debate por trivialidades como decidir si enviar o no a Dina al Vaticano, el pueblo sufre y vive en constante temor al verse desprotegido ante la falta de garantías para ejercer un derecho fundamental como la seguridad. Es por ello que, considero que es urgente que el estado nos brinde una respuesta real y comprometida frente a esta problemática que poco a poco está destruyendo la tranquilidad y el futuro de nuestro país.

La creciente ola de criminalidad ha ocasionado una crisis de confianza en las instituciones del estado. Es que los ciudadanos empiezan a ver como burlas cada vez que los gobernantes salen a dar declaraciones dando medidas absurdas ante estas situaciones alarmantes. Según la Asociación de Bodegueros, en el 2023 más de 13 mil microempresarios han denunciado actos delincuenciales. Además, hoy en día son más de 10 empresas de transporte que se encuentran bajo amenazas y constantes ataques por parte de bandas extorsionadoras. A pesar de que estas cifras van en aumento con el pasar de los días, la respuesta por parte de la institución estatal ha sido limitada y poco efectiva. Esta indiferencia institucional sólo provoca el crecimiento de las bandas criminales, ya que al no enfrentar consecuencias, ellos actúan con total descontrol. Saben que pueden cometer crímenes sin temor al ser sancionados porque el sistema que debería enfrentarlos es ausente y carente de voluntad para actuar con firmeza. 

Además, resulta escandaloso que, frente a la gravedad de esta situación, las medidas que propongan en el Estado sean absurdas. Por ejemplo, en el 2024 se habilitó una línea gratuita que tenía como objetivo atender a las víctimas de extorsión para actuar de forma inmediata y detener a los responsables de estos delitos. Sin embargo, esta medida fue percibida como una burla, puesto que muchos usuarios reportaron que esta línea no funcionaba adecuadamente. En algunos casos, la llamada se cortaba dejando a los usuarios sin la posibilidad de efectuar la denuncia y sin obtener solución alguna. La propia defensoría del Pueblo señaló que el servicio carecía de un protocolo formal de recepción y seguimiento de denuncia. lo que lo convertía en una medida sin capacidad de respuesta real. Estos tipos de acciones evidencian la falta de compromiso por parte de las autoridades y ocasiona que los ciudadanos se sientan completamente abandonados, sin esperanza y obligados a vivir en el peligro.

En conclusión, lamentablemente esta realidad ha destapado la cara más cruel de las autoridades peruanas. Hoy en día, las víctimas no solo temen por las amenazas de los extorsionados sino también, por la indiferencia de quienes juraron protegernos. Es momento de levantar nuestra voz de protesta y enfrentar esta realidad con firmeza, porque la seguridad y la dignidad son derechos fundamentales que no deberían sernos arrebatados. Esperemos que en estas próximas elecciones podamos elegir con responsabilidad a líderes que estén realmente comprometidos con nuestro país, para obtener al fín la tranquilidad que tanto se merece nuestro Perú.

                                 Nallely Jenifer Escalante Sangama