ABUSO DE PENSIÓN ALIMENTICIO

   ABUSO DE PENSIÓN     ALIMENTICIO

 

De acuerdo con registros oficiales obtenidos por Punto Final (Latina Noticias) y confirmados por Gestión, la adjudicación simplificada 002‑2024 autoriza la contratación de Pluxee Perú SAC (antes Sodexo) para suministrar una tarjeta recargable con S/ 5 000 mensuales, sin límite diario y con posibilidad de recargas adicionales siguiendo un procedimiento institucional. Los fondos pueden usarse en supermercados, restaurantes, cafés y otros comercios afiliados, aunque no permite retiros en efectivo.

Palacio defiende el carácter confidencial de los consumos: revelar patrones de compra o lugares visitados podría poner en riesgo la seguridad de la mandataria y su entorno frente a amenazas del crimen o terrorismo. Sin embargo, expertos y exfuncionarios cuestionan la necesidad de tal medida, ya que el propio despacho presidencial asegura cubrir alimentación del personal y la familia sin requerir de tarjetas personalizadas.

La controversia ha generado un rechazo generalizado. Ciudadanos, jubilados y mães de familia han expresado su indignación por lo que consideran un beneficio exagerado en un contexto de crisis económica. Algunos apuntan directamente a la insensibilidad del gesto, especialmente frente al estancamiento del salario mínimo, que actualmente asciende a S/ 1 130, mientras que la presidenta percibe más de 31 veces esa cantidad al mes.

Organismos de la sociedad civil y economistas también cuestionan la medida. Por ejemplo, un estudio del INEI establece que gran parte de las familias en pobreza necesitan cerca de S/ 22 diarios para alimentación, mientras la presidenta afirma que con S/ 10 se podría almorzar. Además, la decana Jessica Huamán del Colegio de Nutricionistas subrayó que casi la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, mientras el aumento presidencial podría equivaler a 139 canastas básicas mensuales.

En el Congreso hay al menos ocho proyectos de ley destinados a revertir el aumento salarial y eliminar los privilegios adicionales. Parte de la prensa ha destacado comparaciones ácidas: mientras Boluarte goza de S/ 5 000 en alimentación, millones de peruanos apenas llegan a cubrir lo básico.

Desde el Ejecutivo se argumenta que el incremento salarial reflejaría una adecuación al nivel de remuneración en la región, comparando el sueldo presidencial con los de otros países. Sin embargo, la inclusión de una tarjeta de alimentación personal no tuvo justificación pública clara, y se ha mantenido bajo reserva argumentando razones de seguridad —lo que no aplaca las críticas sobre falta de transparencia.

La figura de exfuncionarios como José Elice resume bien el espíritu del cuestionamiento: “la Oficina de Administración de Palacio ya se encarga de la comida sin necesitar mecanismos adicionales”. En ese sentido, se cuestiona si la medida no es más que un privilegio personal disfrazado de gasto institucional.

El caso de la tarjeta de S/ 5 000 mensuales para alimentación evidencia una profunda tensión entre privilegio y ciudadanía, alimentando la percepción de una élite desconectada de la realidad que vive el pueblo. La medida no solo amplifica la inequidad existente, sino que sacude el crédito de transparencia que requiere un Gobierno que, ante crisis social y economía precaria, debía mostrar austeridad y ejemplo.

A menos que se brinden explicaciones claras y se consideren rectificaciones —a través del Congreso o mediante un manejo más transparente—, esta controversia podría convertirse en otro capítulo de deslegitimación para la gestión de la presidenta Boluarte, ensombrecida por otras polémicas recientes. El desafío principal será equilibrar la privacidad y seguridad presidencial con el derecho de los ciudadanos a saber cómo se utilizan los dineros públicos, especialmente cuando esos fondos contrastan tanto con la realidad de millones de peruanos.

 

Nombre: Yerami Carhuamaca Domínguez.