El aborto en el Perú: Entre el derecho, la moral y la salud pública

 

El aborto en el Perú: Entre el derecho, la moral y la salud pública

El aborto es un tema que despierta profundas controversias en todo el mundo, y el Perú no es la excepción. A lo largo de los años, esta práctica ha sido abordada desde diversas perspectivas: Legales, éticas, religiosas y sanitarias. Actualmente, en el país, el aborto solo es legal si la vida o la salud de la mujer embarazada están en peligro, lo que genera una serie de conflictos para las miles de mujeres que, por diversas razones, deciden interrumpir un embarazo no deseado. En este ensayo, se analizará la situación actual del aborto en el Perú, sus implicancias sociales y de salud pública, y la necesidad urgente de un debate abierto y sin prejuicios para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

En el Perú, el aborto está penalizado según el Código Penal, salvo en los casos en que sea necesario para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud física o mental de la gestante (artículo 119). Sin embargo, esta excepción legal no se aplica de manera uniforme, y muchas mujeres no tienen acceso real a servicios seguros incluso en estos casos. La falta de claridad legal y el temor del personal médico a ser denunciado dificultan el acceso a abortos terapéuticos, especialmente en regiones rurales y alejadas.

Esta realidad tiene consecuencias graves. Las mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro suelen recurrir a métodos clandestinos, muchas veces realizados en condiciones insalubres y peligrosas. Según cifras del Ministerio de Salud, se estima que cada año ocurren más de 350,000 abortos en el país, la gran mayoría de forma ilegal y sin supervisión médica. Esto convierte al aborto inseguro en una de las principales causas de mortalidad materna en el Perú, especialmente entre adolescentes y mujeres en situación de pobreza.

Además del impacto en la salud, la criminalización del aborto también conlleva consecuencias legales y sociales. Numerosos casos han sido reportados en los que mujeres que sufren abortos espontáneos han sido denunciadas o investigadas como si hubieran cometido un delito. Esto genera un clima de miedo e injusticia, en el que se vulneran los derechos fundamentales de las mujeres. La criminalización del aborto perpetúa una visión patriarcal que niega a la mujer la autonomía sobre su cuerpo y su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su vida reproductiva.

Por otro lado, los argumentos en contra de la legalización del aborto suelen estar basados en creencias religiosas y principios morales. Sin embargo, es importante recordar que el Estado peruano es laico, y su legislación debe garantizar derechos y libertades sin imponer una visión religiosa particular. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los países donde el aborto es legal y accesible presentan menores tasas de mortalidad materna, lo que refuerza la necesidad de una reforma legal en el Perú.

Experiencias en países vecinos como Uruguay, Argentina y Colombia demuestran que la legalización del aborto no aumenta su número, sino que mejora las condiciones en que se realiza. Además, se fortalece la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos, reduciendo así embarazos no deseados. En estos países, el debate ha estado centrado en la salud pública y los derechos humanos, y no en la imposición moral. El Perú necesita avanzar en esa misma dirección, fomentando un diálogo abierto que priorice la vida, la dignidad y la salud de las mujeres.

Finalmente, es fundamental comprender que muchas mujeres no abortan por elección superficial, sino por situaciones complejas: abuso sexual, pobreza, falta de apoyo familiar o social, entre otras. La sociedad debe dejar de juzgar y comenzar a acompañar. Legalizar el aborto es reconocer esa realidad y brindar un marco legal seguro que proteja a las más vulnerables. Negarles esta posibilidad no evita el aborto: solo lo vuelve más peligroso.

El debate sobre el aborto en el Perú no puede seguir postergándose. Mientras se mantenga su penalización, miles de mujeres seguirán arriesgando sus vidas y siendo criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es necesario que el país avance hacia una legislación más justa, basada en evidencia médica y en el respeto a los derechos humanos, y no en prejuicios ni imposiciones morales. Solo así se podrá construir una sociedad más equitativa, donde la salud, la libertad y la dignidad de las mujeres sean verdaderamente protegidas. La discusión no debe centrarse en el castigo, sino en la prevención, el acompañamiento y la garantía de una vida digna para todas.

Gutierrez Cabrera Katherine Patricia